El Ministerio de Minas y Energía ha considerado como uno de los pilares fundamentales de la Política Minera del país la optimización de los procesos de soporte en la actividad minera, entendidos estos como aquellos asociados a la administración del recurso minero.

En este sentido se propende que la administración del recurso minero, se realice bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, para lo cual los tiempos de respuesta en la contratación deben obedecer a los mejores estándares conocidos. De igual manera, y en concordancia con la filosofía de la Ley 685 de 2001 en el sentido de que el Estado sea un facilitador, promotor y fiscalizador del sector minero, el Consejo Asesor de Política Minera, presidido por el Señor Ministro de Minas y Energía, en su sesión del día 13 de Junio de 2005, aprobó los lineamientos de política de Estado del sector minero, entre los cuales está el de Estado Fiscalizador de la Actividad Minera, el cual contempla como aspecto fundamental la ejecución de procesos efectivos de fiscalización integral de la actividad minera.

Por lo anterior, debe haber una mayor presencia del Estado, a través del administrador del recurso minero, con el fin de determinar las condiciones reales en que se realizan las explotaciones mineras, evitar la evasión del pago de regalías, garantizar que las explotaciones se realicen de manera técnica y con un aprovechamiento racional del recurso minero, bajo condiciones aceptables de seguridad e higiene minera, y que las mismas se ejecuten dentro del área otorgada.

Este documento plasma los criterios mediante los cuales una Gobernación, o ciudad capital de un Departamento puede acceder al otorgamiento de la delegación por parte del Ministerio de Minas y Energía para la administración del recurso minero en su jurisdicción, indicando cuáles serian las obligaciones mínimas a cumplir, la forma como el Ministerio de Minas y Energía las apoyará en el desempeño de dicha función y cuándo se debe recoger la función delegada por parte del Ministerio de Minas y Energía.

En las políticas y directrices del Estado para el sector minero, dentro de su rol de promotor de la actividad minera, se pretende que el Estado realice la promoción e inserción del país minero en el contexto internacional, con base en las condiciones favorables que Colombia tiene desde el punto de vista natural, y que ha adecuado su normatividad y su estructura institucional para estar acorde con las condiciones de los demás países latinoamericanos.

Además de las acciones oficiales para el fomento de la Inversión en el país, la estrategia de promoción debe potenciar las posibilidades que suministra el Código de Minas para el desarrollo minero.

Es por ello que en el Consejo Asesor de Política Minera de junio del año 2005 se recomendaron y aprobaron los lineamientos de política sectorial, que en su línea 2 especifica como uno de los roles a desarrollar por el Estado, la promoción de la actividad minera, a través de tres líneas de acción: Promoción e inserción del país minero en el contexto internacional, Incremento de la productividad y competitividad de la actividad minera y el ordenamiento territorial.

El panorama minero colombiano tiene dos componentes generales: el primero, caracterizado por una actividad minera formal y de gran escala. El segundo, por una actividad minera que se desarrolla a escalas menores en forma tradicional y artesanal, con una reconocida carencia de tecnología adecuada y definida en muchos casos por la informalidad y el carácter de subsistencia, lo que la hace insegura, poco rentable, no competitiva y ambientalmente no sostenible.

Durante la última década la actividad minera colombiana ha registrado un importante crecimiento en el volumen y el valor de la producción, y por ende, su aporte al crecimiento global de la economía colombiana ha sido significativo.

En ese sentido, ahora que el Estado colombiano ha dejado de ser inversionista minero y ha querido ser el impulsor de una política que fundamenta el desarrollo minero en la labor del sector privado, facilitando y fiscalizando el desarrollo de los proyectos mineros, es imprescindible que avance en sus propósitos para lo cual requiere un planteamiento estratégico guía, que asegure en el largo plazo la contribución de la industria minera al desarrollo sostenible del país y sus regiones, promoviendo el fortalecimiento económico y social del país.

Se hace necesario entonces, adoptar una política minera integral e indicativa, consecuente con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Minero, y como consecuencia de ella, diseñar un programa general, orientado a la movilización y tránsito de lo que hasta ahora se ha llamado minería informal, hacia formas de producción en donde el desarrollo empresarial le permita ser más competitiva, más rentable y menos perturbadora del ambiente y del entorno social, es decir, más sustentable.

Para el efecto, es preciso romper con el paradigma de la falta de desarrollo empresarial de la minería nacional, mediante la formación y el entrenamiento gerencial de sus cuadros directivos, bajo el entendido que la falta de preparación y capacitación no les permitirá crecer en términos empresariales con solidez y permanencia.